La noticia la confirmó el canciller Hugo de Zela, quien precisó que el gobierno mexicano está procesando el asilo a la ex primera ministra investigada por su participación en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.
El asilo sorprendió al sistema de justicia, que meses atrás había rechazado el pedido de prisión preventiva argumentando que no existía riesgo de fuga hacia México.
A mediados del presente año, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó su liberación por exceso de detención. Meses después, Betssy Chávez terminó refugiándose en la sede diplomática.
La Cancillería del Perú reaccionó de inmediato y anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México, aunque mantendrá los vínculos consulares (atención solo para ciudadanos).
“Se procederá conforme a las normas del derecho internacional”, declaró De Zela. Añadió que el gobierno aún no recibió comunicación formal de las autoridades mexicanas sobre la solicitud o concesión del asilo.
El canciller también criticó la posición del gobierno mexicano, al que acusó de “construir una realidad paralela” sobre los hechos del 7 de diciembre de 2022. “Han intentado convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas”, afirmó.
El abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, dijo horas antes que desconocía el paradero de su defendida. No obstante, poco después, la Cancillería confirmó que la exjefa del gabinete se encontraba bajo protección diplomática. Con ello, Betssy Chávez logró lo que no pudo el día del golpe: evadir la justicia peruana.
El gesto político causó tensiones inmediatas entre Lima y Ciudad de México, que ya mantenían un vínculo deteriorado desde el asilo otorgado a la familia del expresidente Pedro Castillo.
Mientras tanto, la Fiscalía evalúa nuevas medidas ante la posibilidad de que Chávez obtenga salvoconducto para abandonar el país.
En círculos políticos, la maniobra se interpreta como una derrota institucional del sistema judicial peruano, que confió en la palabra de una procesada que finalmente se burló de todos.
