Los acuerdos que autorizaban el otorgamiento de gratificaciones proporcionales a los miembros del Parlamento disuelto, emitidos durante la gestión de Pedro Olaechea, expresidente del Legislativo, quedaron sin efecto. Así lo decidió este lunes la Mesa Directiva del Congreso de la República, que preside Manuel Merino de Lama.
En breve comunicación con El Comercio, Luis Valdez, primer vicepresidente del Congreso, explicó que después del informe legal-constitucional se podría determinar la solicitud de devolución de los pagos realizados. A su juicio, “es lo que corresponde”.
Según el acta de la sesión, a la que tuvo acceso El Comercio, los exlegisladores tienen derecho al pago de la gratificación en caso hayan estado en funciones en los meses de julio y diciembre. Como se recuerda, el Congreso de la República fue disuelto por el presidente Martín Vizcarra el pasado 30 de setiembre.
“(…) el derecho al pago de dicho concepto en el Congreso de la República se ha otorgado a los congresistas de la República, siempre y cuando hayan permanecido laborando durante los meses de julio y diciembre, es decir, por periodo completo en el semestre correspondiente”, se lee.
En el oficio, además, se señala que la decisión de otorgar la gratificación se tomó sin la certificación del crédito presupuestario, un requisito indispensable para garantizar que se cuenta con los fondos disponibles.
Se dispuso, además, que la Dirección General de Administración “realice las acciones pertinentes y conducentes con el propósito de determinar la constitucionalidad y legalidad de los montos pagados como gratificación proporcional a los excongresistas de la República”.
