Pedro Castillo: PJ dicta 36 meses de prisión preventiva contra expresidente

El Poder Judicial declaró fundado el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra el encarcelado expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión cometidos durante su Gobierno.

El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria fue el encargado de la lectura de la resolución contra Pedro Castillo, y los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, investigados por organización criminal y otros delitos

“Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria impone 36 meses de prisión preventiva a Pedro Castillo por ser presunto líder de una organización criminal por delitos cometidos en Petroperú y en los ministerios de Transportes, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, informó el Poder Judicial.

Según el magistrado, la preventiva contra Castillo regirá hasta el 9 de marzo del 2026. El Poder Judicial también dictó 36 meses de prisión preventiva contra el prófugo exministro Juan Silva, además, se ordenó su captura nacional e internacional.

Respecto a la situación del extitular de Vivienda, Geiner Alvarado, el juez dispuso reglas de conducta y el pago de una caución de 35 mil soles.

La audiencia inició a las 3 de la tarde y el juez Checkley expuso un resumen del caso presentado por la Fiscalía Suprema contra Pedro Castillo.

Checkley, entre uno de sus argumentos, aclaró que no hay impedimento para dictar una segunda orden de prisión preventiva. Precisó que esta medida es cautelar, podría ser alterada o anulada a medida que avanza el proceso.

Según la audiencia previa donde el Ministerio Público expuso sus argumentos, la fiscal suprema Galinka Meza proyectó que a Castillo le correspondería cumplir una condena de 32 años de prisión.

Por otro lado, Geiner Alvarado podría ser sentenciado a 17 años y 8 meses y Juan Silva podría tener una condena de 24 años y 8 meses de cárcel.

Castillo actualmente está recluido en el penal de Barbadillo. Allí cumple una primera prisión preventiva por 18 meses a raíz de los delitos de rebelión y conspiración por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022.

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