El Poder Judicial, a decisión de la jueza María Álvarez Camacho, resolvió dictar la medida cautelar de 18 meses de impedimento de salida del país contra el expresidente de la República Martín Vizcarra, por las investigaciones que se siguen en su contra en el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público.
«Vemos que existe una razón lógica entre la medida requerida a implementar con la finalidad perseguida», argumentó la magistrada a favor de la medida cautelar.
Además, explicó que debido a la gravedad de los delitos que se imputan contra el investigado sí se ajustan los plazos de la medida cautelar. De esta manera, el exmandatario no podrá abandonar el país sino recién desde el 12 de mayo del 2022.
«El plazo requerido se ajusta a los parámetros de razonabilidad tomando en consideración las características específicas del caso (…) al haberse cumplido con los presupuestos establecidos para ordenar el impedimento de salid del país por el término de 18 meses», expresó la jueza.
Vizcarra Cornejo, según declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, habría recibido coimas en el marco de dos importantes obras para la región Moquegua: Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.
Tres de ellos han coincidido ante el Ministerio Público que las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), e Incot pagaron indebidamente S/ 1′300.000 al actual mandatario. El pedido ilícito de este monto se dio, según los testimonios, cuando Vizcarra era gobernador regional de Moquegua, en el 2013. El pago se hizo con el objeto que ambas empresas obtuvieran la buena pro para la construcción del Hospital Regional de Moquegua.
Por otro lado, un aspirante a colaborador eficaz indicó que la compañía Obrainsa, también investigada por el «Club de la Construcción», junto a su socia Astaldi, pagaron un millón de soles al exmandatario por la buena pro de la Línea de conducción 1 Jaguay-Lomas de Ilo y el sistema de riego, I etapa del Proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo.
